El día después de los Holdouts
Publicado en: "El Economista", edición impresa lunes 4 de abril de 2016, p. 7
En línea con los pronósticos barajados durante los días previos, el Senado convirtió en ley el acuerdo de pago de la deuda a los holdouts. Lo que muy pocos esperaban fue la amplia mayoría conseguida: 54 senadores sobre 70 presentes -casi cuatro de cada cinco- votaron a favor de la iniciativa.
Los gobernadores
Muchos analistas políticos y económicos elogiaron la capacidad del gobierno para tejer un acuerdo político que, hasta hace un mes atrás, les resultaba impensable para muchos. Más allá del mérito oficialista -que lo tiene, y mucho- resulta evidente que el proyecto hubiese fracasado si los gobernadores peronistas no hubiesen acompañado al gobierno de la manera activa y entusiasta con que lo hicieron.
Luego de la media sanción dada por la Cámara de Diputados, las acciones de los gobernadores volvían a cotizar en alza. Supieron leer bien que la posibilidad de que el gobierno nacional pudiera superar con éxito la adversa aritmética del Senado dependía, en gran parte, de ellos y de su decisión de asegurar que esta ley resultara aprobada sin mayores sobresaltos.
Los incentivos
¿Cuáles fueron las principales razones que empujaron a los gobernadores peronistas a estrechar filas con el gobierno para solucionar el conflicto con los holdouts, en vez de abandonarlo a su suerte?
En primer lugar, una clásica ecuación de costos y beneficios: ellos interpretaron que el conflicto era de la Nación y, si bien los costos políticos y financieros de resolverlo no los afectaba directamente, también interpretaron que, si se mantenían al margen del problema, podían quedar afuera de los potenciales beneficios que podrían surgir una vez resuelto.
En segundo lugar, entendieron que -más allá de la retórica combativa que sostuvieron hasta hace poco tiempo atrás, de la que siempre se puede volver- lo mejor era cerrar este conflicto cuanto antes, para pasar discutir temas mucho más importantes y sensibles respecto de sus intereses particulares. La forma concreta en que la Nación les devolverá del 15% de la coparticipación y la continuidad de la obra pública son asuntos que permanecerían relegados mientras el conflicto persistiera.
En tercer y último lugar, percibieron con claridad que las ayudas financieras que puede ofrecerles el gobierno nacional están supeditadas a la cooperación que puedan brindar. Desde el 10 de diciembre a la fecha, la administración federal transfirió más de 22.000 millones de pesos a las provincias, priorizando a aquellas gobernadas por propios y sus aliados, y este es un dato del cual tomaron debida nota: ninguno de estos gobernadores piensa imitar Alicia Kirchner -el ejemplo más cristalino- y su estilo de persistente confrontación contra la administración Macri.
De modo que lo que parecía impensado se volvió tangible: el gobierno nacional consiguió, con creces, los votos del senado y el grueso de los gobernadores peronistas aportaron grandemente a esa cosecha. De aquí en más, con la ley bajo el brazo, le resta al gobierno nacional cumplir con cada una de las etapas siguientes de esta dura "carrera de regularidad" fijada por el juez Thomas Griesa.
Más reflexiones
Muchos medios destacaron, además, que los debates parlamentarios pusieron en evidencia la crisis que atraviesan los bloques parlamentarios del Frente para la Victoria (FPV), aunque fue en el Senado donde esta crisis fue percibida con mayor nitidez. Veamos algunos números que nos ha dejado la última sesión.
De los 42 senadores que integran el bloque del FPV, 26 de ellos -representando a quince provincias, ocho de ellas gobernadas por el kirchnerismo- acompañaron el proyecto oficial.
Sólo en tres provincias (Chaco, La Rioja y Santa Cruz) los senadores del FPV votaron en contra de la ley, en línea con la opinión de sus gobernadores o bien, desoyéndolos.
En otras cinco (Buenos Aires, San Juan, Río Negro, Santa Fe y Corrientes) no hubo acuerdo interno, lo que produjo que un senador votara por la afirmativa mientras que el otro -del mismo bloque y de la misma provincia- lo hiciera por la negativa. Dentro de este pequeño grupo, San Juan es la única provincia gobernada por el FPV, aunque en las restantes aún conserva su condición de partido mayoritario y mantiene, por ende, dos senadores por cada uno de estos distritos.
¿Significa esta heterogeneidad la inevitable fractura del bloque del FPV, como vaticinan ciertos analistas? No: lejos de esto la última votación en el Senado dejó en claro que, en el nuevo escenario político, el pragmatismo peronista desplazó al kirchnerismo duro a un espacio de aislamiento. De los 16 votos en contra, sólo ocho se encuadran en este sector (Godoy, Sacnun, Almirón, Fuentes, Labado, García, Pilatti Vergara y Fernández Sagasti), mientras que los ocho restantes (Abal Medina, entre ellos) manifiestan diferencias puntuales que, diálogo y muñeca política mediante, aún pueden subsanarse. En resumen, habrán emerger nuevas retóricas, nuevos estilos y nuevos referentes para poder mantener la "unidad de lo diverso".
Hacia delante
¿Cómo sigue todo esto? El tema inmediato de la agenda legislativa es retomar en la Comisión de Presupuesto del Senado el debate sobre las frustradas modificaciones al proyecto que pretendió introducir Adolfo Rodríguez Saá. Del discurso de la senadora María Ester Labado (FPV, Santa Cruz) puede inferirse que el kirchnerismo duro intentará juntar las voluntades necesarias -propias y ajenas- para convertir en ley la modificación de los artículos 60° y 65° de la Ley de Administración Financiera. ¿Cuál es el objetivo de esta modificación? Condicionar cualquier nuevo proyecto de endeudamiento público a la sanción, en cada caso, de una ley especial del Congreso.
Este tema, a diferencia de los holdouts, podría concitar la atención de una gruesa porción de senadores y gobernadores, porque resulta muy atractiva la idea de obligar al gobierno nacional a negociar los términos -y, sobre todo, los beneficios- de cada operación de endeudamiento en la que se éste se embarque. Por esta vía los gobernadores seguirán manteniendo, durante un buen tiempo, sus acciones en alza.
Si el peronismo cierra filas y acompaña mayoritariamente esta clase de iniciativas, el gobierno se verá obligado a emplear mayor capacidad de diálogo y poner en juego muchos más recursos que los empleados hasta el momento. El peor escenario que podría enfrentar es que el Congreso adquiera, de aquí en más, una autonomía "excesiva" y que se le dé por sancionar leyes que Mauricio Macri se vea obligado a vetar. Aunque esta fue una inveterada costumbre mientras gobernaba la Ciudad, constituiría una actitud riesgosa de sostener, como modelo habitual de gestión, desde la presidencia de la Nación.
Por cierto, se trata de una hipótesis que hoy parece poco probable, porque en el fondo se sabe que el peronismo se sostuvo siempre en su aguda versatilidad y su pragmatismo. Se sabe, también, que el peronismo nunca poda la rama sobre la cual se sienta y que, como dios, "aprieta, pero no ahorca".
En definitiva, la intensidad del debate que viene determinará hasta dónde esta nueva "gobernabilidad dialogada" es capaz de resistir a cada uno de estos posibles aprietes.