Coparticipación e Impuestos: las dos reformas pendientes
Publicado en "La Voz", Córdoba, domingo 8 de octubre de 2017, p. 25.
En los primeros días de su gestión, el actual Gobierno nacional expresó su deseo de sancionar una nueva ley de coparticipación federal, cuestión postergada desde hace mucho tiempo.
Detrás del genuino objetivo de obtener un rotundo triunfo allí donde las anteriores administraciones fracasaron, el presidente Mauricio Macri inició un diálogo que, a poco de andar, devino en renovados conflictos.
Hoy el Gobierno nacional resiste el fuego cruzado de propios y opositores. La demanda judicial del Gobierno bonaerense a favor de la restitución de $ 640 mil millones que dejó de percibir por la modificación del Fondo del Conurbano, en 1995, agitó el avispero de viejas disputas fiscales.
El rechazo de los restantes gobernadores frente al reclamo bonaerense puso en evidencia, por un lado, que ellos no están dispuestos a aceptar salidas que impliquen recortes en los montos que perciben por la recaudación de impuestos federales y, por otro, que no van a permitir que el Gobierno nacional adopte medidas de este estilo sin mediar consultas previas o sin que el Congreso intervenga.
En enero de 2016, cuando la Nación transfirió parte de la Policía Federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, decidió cederle al gobierno porteño 2,35 puntos adicionales del reparto para financiar el traspaso. De inmediato, sonó la alarma entre los gobernadores opositores y la medida debió ser revisada y acotada.
Las aguas se aquietaron, pero el clima de recelo persiste desde entonces, porque los gobernadores sostienen que, más allá de su discurso integrador, la gestión de Cambiemos desarrolla una política que, por acción u omisión, favorece a los gobiernos de su mismo color político o de sus aliados.
Esta política oficialista no es ninguna novedad: muy por el contrario, tiene una larga tradición en la historia de nuestro federalismo fiscal, y sus huellas pueden rastrearse hasta el siglo XIX.
Los años impares en Argentina suelen ser poco adecuados para implementar grandes reformas: son años electorales, y la carrera hacia las urnas se impone a toda otra lógica política. Este año ya está agotado y ciertas expectativas volverán a renovarse de cara a 2018.
Dificultades
Junto con la nueva ley de coparticipación, el Gobierno nacional anunció que el año entrante pretende sancionar una ambiciosa reforma impositiva. Por cierto, ambas reformas incluidas en una misma agenda parecen avanzar, al menos en teoría, una a contramano de la otra.
Es difícil pensar que pueda sancionarse una nueva coparticipación si el Gobierno nacional persiste en conservar la misma porción que hoy le toca en el reparto. Cuando se sancionó la ley vigente, en enero de 1988, la Nación percibía el 42,34% de los fondos más 1% adicional en concepto de aportes del Tesoro Nacional, que manejó de forma discrecional.
En aquel momento, existían sólo 22 provincias, la Ciudad de Buenos Aires no gozaba de autonomía y los hospitales -así como una parte de los establecimientos educativos- eran administrados por el Estado federal. De modo que, casi 30 años más tarde, la Nación percibe casi lo mismo, aunque solventa muchísimos menos bienes públicos.
La propuesta oficial de reducir impuestos enrarece este debate. Si la reforma del Gobierno avanza sobre impuestos coparticipables, e incluso sobre ciertos tributos provinciales, las chances de acordar una nueva forma de reparto fiscal se verán seriamente acotadas.
Aun con sus limitaciones de escenario y de coyuntura, ambas iniciativas podrán implementarse si los actuales recelos ceden su lugar a un clima cooperativo. Para que ello ocurra, se requiere de la más amplia capacidad del Gobierno y de la oposición para construir consensos.
También requiere, como paso inicial, que el Gobierno retome -como sucedió en los días iniciales de su mandato- una centralidad institucional hoy desdibujada: la centralidad que en toda república recae en la labor parlamentaria.